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LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES ECONÓMICAS ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

DCP291

Autor : Enrique Navarro Beltrán
Edición : Octubre 2018
Formato : 1 Tomo - 388 Páginas
ISBN : 978-956-391-012-4
Editorial : Ediciones Universidad Finis Terrae

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$ 28.000 IVA incl.

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La presente obra del profesor Enrique Navarro Beltrán corresponde a la segunda parte de su notable estudio titulado la constitución económica chilena ante los tribunales de justicia, publicado a fines del año 2016 por Ediciones Universidad Finis Terrae. Además de enriquecer el acervo jurídico del derecho público, sin duda atraerá al lector por la clara exposición de las materias, el lenguaje explícito y preciso, en materias no exentas de complejidades, pero que a través de estas líneas es posible introducirse en ellas con la fluidez que caracteriza las obras de quienes, como para hacer fácilmente aprehensible lo complejo y comprensivo lo intrincado.

En ella se puede observar el derecho en acción directa a través de las resoluciones judiciales y constitucionales, ya que de nada sirve una Constitución Política si sus preceptos no se ejecutan directamente por los ciudadanos, lo que precisamente se materializa a través de las diversas acciones y mecanismos procesales estudiados en la presente obra y que, por lo mismo, resulta de esencial y necesaria consulta para jueces, profesores, abogados y estudiantes de derecho.


CAPÍTULO PRIMERO
EL RECURSO DE PROTECCIÓN

I. Antecedentes históricos de la protección

II. Importancia de la acción cautelar
2. Amplio ámbito de derechos fundamentales
3. Exigencias constitucionales
III. Aspectos procesales
1. Naturaleza jurídica cautelar de la acción de protección
2. La ilegalidad y arbitrariedad como condición indispensable para su interposición
3. La acción de protección supone la afectación de derechos concretos y no hipotéticos. Amenaza seria y real
4. La acción de protección no es una acción popular. Legitimación activa
5. La acción debe dirigirse contra la persona que ha causado efectivamente los supuestos actos ilegales
6. La acción de protección debe presentarse dentro del plazo de treinta días
7. Protección y órganos autónomos. Resoluciones judiciales. Deferencia a colegisladores
IV. Protección y ciertos derechos fundamentales. Debido proceso y Derecho a vivir en un medio ambiente libre
1. Protección y
2. Protección ambiental. La acción de protección no es la vía idónea para dejar sin efecto resoluciones ambientales, existiendo en principio- para tal efecto una institucionalidad específica debido proceso
V. Protección y propiedad
1. Propiedad sobre cosas corporales
2. Propiedad sobre cosas incorporales
3. Propiedad sobre otros derechos de contenido patrimonial
VI. La protección sobre derechos no tutelados
1. Frente al derecho a la protección de la salud
2. Frente al derecho a la educación
3. Frente al derecho a la seguridad social
VII Antecedentes del auto acordado
1. Dictación del primer auto acordado
2. Modificaciones posteriores
3. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación al Auto Acordado de Protección
3.1. Reforma constitucional del 2003
3.2. Antecedentes de los autos acordados
3.3. Ámbito de los autos acordados
3.4. Pronunciamientos del TC sobre AA de protección

CAPÍTULO SEGUNDO
EL RECURSO DE AMPARO ECONÓMICO

I. Antecedentes
II. Características
1. Acción popular
2. Bien jurídico protegido
3. Plazo para su interposición
4. Órgano jurisdiccional competente
5. Normas procesales
6. Principio formativo del procedimiento
7. Sanción al abuso procesal
III. Aspectos jurisprudenciales más relevantes
1. Ámbito de protección
2. Forma de infracción
3. Concepto de actividad empresarial
4. Regulación legal del ejercicio del derecho
5. Compatibilidad con el recurso de protección
6. Carácter declarativo
7. No existe análisis de ilegalidad y arbitrariedad
8. Nexo causal
9. No debe transformarse en un medio para impugnar decisiones judiciales
10. No es la vía para resolver conflictos laborales
11. No debe emplearse como un medio para resolver conflictos contractuales
12. No debe ser un medio para garantizar lucro
13. Debe encontrarse en ejercicio legítimo de su derecho
14. El recurrente debe estar autorizado legalmente
IV. Sentencias más relevantes
1. Fallos que han acogido la acción en materia de libertad económica
2. Respecto del Estado empresario

CAPÍTULO TERCERO
LA NUEVA ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD DE ACUERDO A LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

I. Antecedentes de la acción de inaplicabilidad en la Constitución de 1925

1. La Constitución de 1925
2. La doctrina
3. Aplicación práctica de la inaplicabilidad
II. El Tribunal Constitucional y su establecimiento en Chile. Breve referencia
III. La Constitución Política de 1980
1. Los antecedentes del texto constitucional. Inaplicabilidad e inconstitucionalidad
2. La acción de inaplicabilidad durante la aplicación del texto primitivo (1981-20059
IV. La nueva acción de inaplicabilidad
1. Que el requerimiento sea formulado por una persona u órgano legitimado. Requerimiento de los jueces
2. Cuando la cuestión se promueva respecto de un precepto legal que no haya sido declarado conforme a la Constitución por el tribunal (sea ejerciendo el control preventivo o conociendo de un requerimiento), y se invoque el mismo vicio que fue materia de la sentencia respectiva
3. Que exista una gestión pendiente ante otro tribunal ordinario o especial
3.1. No debe tratarse de actuaciones administrativas
3.2. Alcance del concepto gestión pendiente
3.3. Debe tratarse de una gestión pendiente
3.4. Acreditar la existencia de la gestión
3.5. Inexistencia de gestión pendiente
4. Debe tratarse de un precepto de rango legal
4.1. No es la vía para impugnar resoluciones judiciales
4.2. No es la vía para impugnar actuaciones administrativas
4.3. No es la vía para aclarar el sentido de preceptos legales
4.4. No es la vía para declarar cuál es el derecho aplicable
4.5. Debe dirigirse respecto de preceptos legales determinados
4.6. Concepto jurisdiccional de “precepto legal”: unidad de lenguaje que se basta a sí mismo
4.7. Precepto legal debe encontrarse vigente. Ultractividad de la ley
5. El precepto legal debe ser aplicable en la gestión
6. La aplicación del precepto debe resultar decisiva en la resolución de un asunto
7. La impugnación debe estar fundada razonablemente

CAPÍTULO CUARTO
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

I. Antecedentes históricos en Chile

II. El texto constitucional de 1980
1. Comisión de Estudio de la Nueva Constitución (CENC)
2. Consejo de Estado (CE)
3. Junta de Gobierno (JG)
III. La reforma del 2005
IV. Ejercicio de la facultad de declarar inconstitucionalidad
1. Artículo 116 del Código Tributario
2. Artículo 171 del Código Sanitario
3. Artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales
4. Artículo 38 ter de la Ley de Isapres
V. Rechazo a solicitudes de inconstitucionalidad
1. Artículo 416 del Código Procesal Penal
2. Artículo 474 del Código del Trabajo
3. Artículo 20 de la Ley N°19.234
4. Artículo 38 ter de la Ley de Isapres
3. Artículo 2331 del Código Civil
6. Artículo 206 del Código Civil
7. Artículo 5 de la Ley N°18.900
VI. Presupuestos de la acción de inconstitucionalidad
1. Debe tratarse de un precepto de rango legal
2. La norma debe haber sido previamente declarada inaplicable
3. Solo pueden considerarse las causales en que se sustentó la declaración previa de inaplicabilidad
4. El proceso puede haberse iniciado por acción pública o de oficio
VII Doctrina sustentada por el Tribunal Constitucional respecto de la inconstitucionalidad
1. Supone un control abstracto y, por consiguiente, exige una completa contradicción entre el precepto y la Constitución
2. La declaración de inconstitucionalidad se vincula con los principios de supremacía constitucional e igualdad ante la ley
3. El fin de la declaración de inconstitucionalidad es la tutela del Estado de derecho y el fortalecimiento del sistema de pesos y contrapesos
4. Garantiza el respeto a los colegisladores
5. La declaración de inconstitucionalidad es una facultad
6. Vinculación con la acción de inaplicabilidad previa
7. Es una medida de “ultima ratio”
VIII. Efectos de la declaración de inconstitucionalidad
IX. Efectos de la inconstitucionalidad en las gestiones pendientes

CAPÍTULO QUINTO
BASES CONSTITUCIONALES DE LA TOMA DE RAZÓN Y DE LA POTESTAD DICTAMINANTE DE LA CONTRALORÍA

I. Toma de razón y Constitución Política

1. Fundamentos constitucionales
2. La toma de razón como expresión de los principios de supremacía constitucional y de legalidad
3. Alcance de la toma de razón
4. Revisión judicial de la función contralora
II. Facultad para emitir dictámenes
1. La potestad dictaminante de la Contraloría
2. Efecto de los dictámenes y limitaciones
3. Impugnación judicial de los dictámenes
4. Limitaciones establecidas a la procedencia de la protección en la última jurisprudencia
5. La potestad dictaminante debe considerar la jurisprudencia

CAPÍTULO SEXTO
EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO EN CHILE Y LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

I. Inexistencia en Chile de un procedimiento único contencioso administrativo

1. Multiplicidad de contenciosos administrativos
2. Situaciones —excepcionales- en que el contencioso administrativo se radica en primera instancia en un órgano administrativo
3. Breve referencia al Derecho Comparado
II. El nuevo contencioso tributario
1. Mecanismo de designación de los jueces
2. Unidad administrativa
3. El Procedimiento general contencioso tributario
4. Amparo tributario
III. Contencioso ambiental
1. Tribunales ambientales
a) Declaraciones de inconstitucionalidad
b) Afectación de facultades de la Corte Suprema
c) Opinión de la Corte Suprema
d) Observaciones
IV. Criterios señalados por el Tribunal Constitucional en el ámbito contencioso administrativo
1. Si bien la autoridad administrativa podría —excepcionalmente— ejercer funciones jurisdiccionales, ello debe efectuarse respetándose los principios del debido proceso
2. La potestad sancionadora de la administración debe respetar el principio de tipicidad
3. El pago previo antes de reclamar de las sanciones (“solve et repete”)
4. Es reserva del legislador el establecer los tribunales contencioso administrativos

CAPÍTULO SÉPTIMO
LA NULIDAD DE DERECHO PÚBLICO

I. Concepto
II. Jurisprudencia
III. Doctrina
IV. Vicios que provocan nulidad de derecho público
1. Falta de investidura regular
2. Falta de competencia
3. Falta de formalidades
4. Ilegalidad
5. Desviación de funciones
V. Líneas jurisprudenciales en materia de nulidad de derecho público
1. Nulidad de derecho público es diversa de la nulidad común
2. Nulidad de derecho público puede interponerse por cualquiera que tenga interés. La legitimación activa en la nulidad de derecho público
3. Nulidad de derecho público no es de inexistencia
4. Diferencia en materia de prescripción
5. Necesidad de declaración judicial
VI. Otros criterios jurisprudenciales en materia de nulidad de derecho público
1. Nulidad no procede respecto de declaración de derechos patrimoniales
2. La nulidad de derecho público es diversa de las acciones de ilegalidad que prevé el ordenamiento jurídico. Carácter subsidiario de la nulidad de derecho público
3. No cualquier vicio en un elemento del acto administrativo implicaría una nulidad del acto administrativo: la graduación entre los diversos vicios de los que puede adolecer el acto administrativo
4. El principio de conservación del acto administrativo y la nulidad de derecho público
5. Protección de derechos adquiridos de terceros de buena
VII. Invalidación administrativa y limitaciones
1. Fundamentos constitucionales y legales
2. Concepto legal
3. Limitaciones para la procedencia de la invalidación: derechos válidamente adquiridos
a) Buena fe de terceros
b) Seguridad jurídica
c) Confianza legítima
d) Derechos adquiridos
e) Prescripción adquisitiva
f) Proporcionalidad
4. Iniciativa: de oficio o a petición de parte
5. Previa audiencia del interesado y dentro del plazo de dos años
a) Audiencia del interesado
b) Plazo de caducidad de dos años
6. Vicios deben encontrarse acreditados
7. Posibilidad de impugnar el acto invalidatorio en procedimiento breve y sumario
Bibliografía.

Ficha técnica

Alto 23 cm
Ancho 15,2 cm
Peso Aprox. 0.6 kg
Formato Rústico
Editorial Universidad Finis Terrae

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